Productores citrícolas del departamento Federación se movilizaron para cuestionar la actitud de un par de abogados denominados “caranchos” en la ejecución de causas contra trabajadores rurales. Ante esto, el Colegio de la Abogacía repudió el hecho “de violencia y escrache”.
Ante la violenta marcha organizada por un grupo de “Productores Citrícolas autoconvocados del departamento Federación”, que se realizó este miércoles, en la ciudad de Chajarí y que se desarrolló mediante agresiones físicas, agravios verbales, pedradas y actitudes patoteriles hacia profesionales de la abogacía en sus propios estudios y también ante la sede de la sección Chajarí del CAER, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos quiere expresar su enérgico repudio y su rechazo al método de la violencia y el escrache, propio de grupos autoritarios.
La sociedad argentina ha proscripto la violencia, nadie puede ejercer justicia por mano propia. Como ciudadanos debemos respetar el orden republicano y es el Poder Judicial el ámbito donde se reconocen los derechos de acuerdo a la Constitución y a las leyes.
La descalificación a la abogacía y al sistema judicial ha sido moneda corriente cada vez que es necesario contener dentro de los marcos constitucionales y legales los desbordes o las ilicitudes de ciertos grupos sociales. El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechaza las expresiones ofensivas y agresivas vertidas hoy por manifestantes con las frases “juicios laborales inventados” o “industria del juicio”, utilizadas con liviandad como latiguillos y slogans en la convocatoria.
Cumpliendo con el mandato constitucional de “afianzar la justicia”, son los jueces los que deciden los reclamos donde se discuten derechos. No entender esto, nos llevará a la desintegración institucional y a la anomia social.
Sorprende la presencia en la marcha de personas pertenecientes al campo democrático, apoyando y sosteniendo las agresiones, coacciones, bravuconadas y amenazas. Llamamos a la reflexión a esa dirigencia y los convocamos a colaborar al mantenimiento de la paz social y la institucionalidad republicana en este complejo momento económico y social que todos atravesamos.
Es deber irrenunciable de las autoridades públicas prevenir y castigar estas actitudes que derivan en delitos. Exhortamos a las autoridades competentes a extremar los medios y profundizar la investigación sin dilaciones, para brindar la debida seguridad e identificar rápida y eficazmente a los responsables, a los fines de que estos hechos no queden impunes.
Los que crean que el miedo, la violencia y la intimidación nos ha de paralizar silenciándonos, deben saber que, una vez más en nuestra historia, la abogacía dará el ejemplo de coraje cívico siguiendo con nuestra trabajo profesional, con el Derecho como instrumento de la razón, de la paz social y de la libertad, en defensa de las garantías y los derechos establecidos por la Constitución Nacional.
Asimismo hacemos llegar nuestra expresa solidaridad a los afectados, a los dirigentes y representantes de la abogacía de Chajarí y de Federación y a sus familias por la agresión sufrida.
