El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado el ex gobernador y, en consecuencia, dejó firme la condena de ocho años de prisión que le dictara un tribunal provincial por el desvío de fondos públicos para promocionar su candidatura presidencial en 2015.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena del ex gobernador Sergio Urribarri por delitos de negociaciones incompatible con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública en cinco causas relacionadas con el desvío de fondos públicos para promocionar su fallida candidatura presidencial en 2015.
También fueron rechazados los recursos presentados por el ex ministro Pedro Báez y por Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, que deberán purgar penas de seis años y medio de prisión.
Los supremos rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario que habían presentado los abogados del ex gobernador Urribarri apelando al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que le concede facultades discrecionales para impugnar el tratamiento de un expediente.
Ricardo Lorenzetti se explayó argumentando que “a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.
La decisión de los supremos deja firme la condena de ocho años de prisión que un tribunal provincial le impuso al ex mandatario por haber desarrollado un plan que consistió en un desvío millonario de fondos públicos para promocionar su fallida candidatura presidencial en 2015.
El fallo de la Corte Suprema, además, abre la puerta para la detención de Urribarri, una vez que se efectivicen las comunicaciones a los tribunales provinciales. Mientras tanto, el ex mandatario permanece en libertad, pero con restricciones que, entre otras cosas, le impiden salir de Concordia.
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Específicamente, por haber desarrollado un plan que consistió en un desvío millonario de fondos públicos para promocionar una fallida candidatura presidencial que se dio en llamar el sueño entrerriano.
En el mismo fallo se declaró igualmente culpables al ex funcionario Gustavo Tamay; a la contadora Corina Cargnel, Luciana Almada (pareja de Aguilera), al diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi, señalado como testaferro en la empresa TEP SRL; el pizzero Germán Buffa y al empresario Gerardo Caruso, dueño de El juego en que andamos, la firma que tuvo a su cargo la instalación del parador en la playa de Mar del Plata que se utilizó para promocionar la figura de Urribarri en el verano de 2015. Sus planteos también fueron desestimados por la Corte Suprema.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal el 31 de mayo de 2023, que a su vez denegó la impugnación extraordinaria; y el 17 de abril de 2024 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de queja.
#PaginaPolitica #federalaldia #radiointegracion905
