Venció el plazo legal para emitir dictamen y el proceso cayó. Las ambigüedades del gobierno provincial, las internas en el peronismo y el papelón libertario.
Sin estridencias ni sorpresas, y en medio de un receso administrativo, cayó el juicio político a la jueza Susana Medina, integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, quien enfrentaba tres denuncias por mal desempeño. La acusación había llevado a la magistrada a renunciar a su cargo como presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina.
El proceso quedó formalmente archivado este lunes 5 de enero, cuando se cumplieron los treinta días que establece la Constitución Provincial, aunque la decisión estaba cocinada de antemano. La Comisión de Juicio Político tenía preparado un dictamen exculpatorio que no llegó a tratarse en la Cámara de Diputados.
Las denuncias contras Susana Medina
La magistrada enfrentaba tres denuncias por mal desempeño. Esencialmente se le cuestionaba haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días, equivalentes a tres años judiciales completos, entre 2016 y 2025. Como consecuencia de ello, se le atribuía un atraso en la tramitación de causas. Ella negó las demoras en su despacho, aseguró que los viajes habían sido autorizados por sus pares y que estaban dentro de la normativa vigente para los vocales del alto cuerpo.
Las denuncias irrumpieron cuando diciembre empezaba a recorrer el calendario. En el inicio, el oficialismo demostró una vocación explícita de avanzar en la destitución de la suprema. Sin embargo, a pocos días de Navidad, se advirtió un freno brusco.
A falta de certezas sobre los motivos detrás del cambio de postura del oficialismo, la cronología de los hechos de esos días exhibe una visita a Casa de Gobierno de los vocales Germán Carlomagno y Daniel Carubia, referentes de la vieja guardia en el STJ. También tuvo lugar una reunión de los abogados de Medina con el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso y con la presidenta de la comisión investigadora, Gabriela Lena. En la misma línea, los diputados peronistas lanzaron la sospecha de que el empresario Eduardo Eurnekian intercedió ante el gobernador Rogelio Frigerio por la suerte de su amiga jueza.
Negociaciones truncas
El cierre del proceso se dio por el vencimiento de los plazos que la Constitución le concede a la Comisión de Juicio Político para realizar su diligencia, pero fue precedido de un escandalete y sesiones fallidas en Diputados, la cámara responsable de elevar la eventual acusación al Senado, que en la provincia es el responsable de definir el devenir de esas acusaciones.
El oficialismo preparó un dictamen que circuló por mails y WhatsApp, pero no llegó a ver la luz. Decía que “no existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno” y que las denuncias contra Medina constituyen un intento de promover el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional.
El rechazo de las denuncias estaba acordado, pero había diferencias entre los representantes de los bloques legislativos. El peronismo estaba para acompañar, pero se quejaba de un pretendido tratamiento express. El oficialismo, con mayoría en la comisión y en el recinto, podía avanzar con un dictamen, pero necesitaba que la oposición se sentara y diera cuórum en una sesión especial; y quería, además, que el peronismo firmara el dictamen rechazando el juicio político. Nada de eso sucedió. El tiempo pasó y el dictamen nunca llegó al recinto.
El papelón libertario
Algunos maledicentes que circulan los pasillos legislativos atribuyen la caída consecutiva de tres sesiones especiales a otro acuerdo fallido, más mundano y menos institucionalista: la negativa del Gobierno a restituir un 30 por ciento de los montos para los contratos que se recortó hace unos meses. Habladurías.
Los integrantes del bloque de LLA no firmaron el dictamen. De los diputados libertarios solo queda en este proceso un fallido antológico. Roque Fleitas se mostró inquisitivo en el interrogatorio a la jueza. Le preguntó por las contribuciones que habría recibido la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que presidía Medina, de parte del Banco de Entre Ríos SA (BERSA). En esa indagatoria, el presidente de La Libertad Avanza relacionó el vínculo de Medina con Eduardo Eurnekian y los viajes de la magistrada en el avión privado del empresario. Acto seguido, le preguntó a la jueza si no consideraba que su vínculo y las donaciones podrían constituir un conflicto de intereses. Confundida, Medina le aclaró que el titular de la entidad crediticia era Enrique Eskenazi, no Eurnekian.
Lo que viene
Agotado el proceso, Medina ya disfruta de la feria judicial, sin turnos en el mes de enero. En formato de especulaciones, hay quienes deslizan la posibilidad de que Medina deje correr un tiempo y presente los papeles para jubilarse y retirarse del Poder Judicial, en el marco de un acuerdo con el Gobierno a cambio de que no avanzara el juicio político. Son eso, especulaciones.
En su entorno, sin embargo, advierten que está dispuesta a cobrarse las deslealtades cosechadas en este proceso y aseguran que dijo que va a querellar a todos aquellos que la difamaron. Sea como fuere, la impresión es que salió fortalecida.
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