LEGISLATURA: ¿EL PERONISTA QUE ADHIERA AL RIGI SERÍA SANCIONADO?
Los comportamientos de legisladores han sido motivo de una exaltación, si se quiere, de algo que estaba casi fenecido: los partidos. En la Legislatura se pondrá a prueba, en los próximos días, la importancia que tiene pertenecer a una fuerza. Otro punto: de qué se habla cuando se hace referencia a un régimen de incentivo en una provincia pastoril.
La desconocida voluntad por respetar mandatos partidarios pareciera haberse convertido, para las fuerzas tradicionales, en una herramienta de contención ante la construcción de mayorías que viene experimentando el gobierno de Javier Milei y mal no le ha ido.
La posibilidad de expulsar o suspender dirigentes ante un comportamiento que no esté acorde con la mayoría partidaria pareciera impactar en el peronismo y el radicalismo. El centenario partido acaba de suspender a cinco diputados que sostuvieron el veto en la reforma previsional. Hay debate interno sobre esa decisión.
Edgardo Kueider y Martín Müller tienen pedidos de expulsión, aunque el senador nacional dijo que no había sido notificado de nada. La causa por la cual se solicitó la desafiliación es haber sido quien permitió el tratamiento de la Ley Bases. Al ex presidente del Consejo General de Educación se lo apunta por haberse incorporado al gobierno nacional en un área educativa. En el primer caso, el Partido Justicialista se expresó en contra del proyecto que propuso el Ejecutivo nacional que, entre los capítulos más graves, aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En el segundo, es más complejo, porque no hubo posicionamiento partidario sobre la incorporación de un afiliado peronista a un gobierno de otro color. Si sucede, el caso de Alfredo Francolini quedaría afuera, siempre que se aplique el criterio no retroactivo.
Las sanciones, no obstante, pasaron a un cuarto intermedio en el congreso partidario de hace dos semanas.
En la Legislatura provincial se aborda por estas semanas un proyecto por el cual se adhiere al RIGI, pero además se crea en el ámbito provincial el RINI (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones), que alcanza a distintas actividades con beneficios del 100 por ciento en el impuesto al sello y tasas retributivas de servicios por 15 años con posibilidad de extenderse cinco años más. En la Cámara de Diputados el peronismo votó en contra y, en la misma sesión, mostró predisposición para apoyar modificaciones a la Ley de Promoción Industrial (11.071) aprobada en la gestión anterior. Es decir que ante la imposición del RINI se contrapuso la reforma a esta norma. Ampliarla a otros sectores, básicamente.
En el Senado comenzó una ronda de encuentros para analizar la iniciativa que tiene media sanción. Para convertirse en ley requiere de la aprobación de ese cuerpo donde el peronismo es mayoría. ¿Qué hará esa mayoría?
De adherir incurriría en una controversia con el posicionamiento del partido, que los diputados ratificaron la semana pasada en el recinto.
El RIGI fue creado para incentivar inversiones superiores a los 200 millones de dólares y ofrece un marco de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años. El presidente del radicalismo, Martín Lousteau, fue una de las voces más meticulosas para justificar una oposición. Sin embargo, los legisladores de la UCR votaron divididos.
En Entre Ríos una inversión de 200 millones dólares es casi imposible, porque en esta comarca el único recurso natural que existe es la arena silícea, en el sur, cuyo 70 por ciento de lo que se extrae va para Vaca Muerta para ser utilizada para la perforación conocida como fracking. Aquí una interesante crónica publicada en la revista Cicatriz.
En caso que las inversiones no sean para la explotación de un recurso, se puede tomar como parámetro el anuncio del empresario mileista Marcos Galperín, que desembolsará 75 millones de dólares para su país nativo.
En el Senado no se ha adelantado ninguna posición. Este martes se recibió a autoridades de la Federación Entrerriana de Cooperativas de Entre Ríos (Fedeco), del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). En todos los casos se adhirieron al RIGI.
Volviendo a las sanciones en los principales partidos de la argentina, es probable que se esté experimentando una crisis de representación y organización de la política, incluso diferente a la de principios de siglo. La implementación de la Boleta Única Papel (BUP) debe ser incorporada a ese proceso.
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