POBRES Y ENDEUDADOS. ARISTAS DEL DEBATE SOBRE LOS CÓDIGOS DE DESCUENTO
Un proyecto en la Cámara de Diputados propone la “Protección Integral de los Recibos de Sueldo” de estatales y jubilados, eliminando los descuentos que no sean de organismos públicos o manda judicial. Ajuste y deterioro del salario; rueda de auxilio y usura; orden de prioridades para ir sobre el haber; cobrar “monedas”.
Salarios corriendo detrás de la inflación y una oferta sostenida de empréstitos para salir del paso. El endeudamiento de los trabajadores estatales, docentes, policías y jubilados crece al ritmo de la crisis. Los códigos de descuento se constituyen en un auxilio a la mano que termina muchas veces en un ahogo de los haberes.
Un proyecto de ley, de la diputada radical Gabriela Lena, volvió a poner en discusión este tema que es histórico y que tiene varias aristas, según se mire: negocios millonarios, auxilio de organizaciones mutuales, el Estado como socio con los códigos de descuento en el salario, el agente financiero con prioridad, como banco, para cobrar con intereses lo que ha prestado, los sindicatos “truchos” que prestan plata antes que cualquier otro servicio como organización.
El proyecto se plantea como una Ley de Protección Integral de los Recibos de Sueldo de estatales y jubilados. Propone, sin más, eliminar todos los códigos de descuento exceptuando solo los de organismos provinciales (Caja de Jubilaciones, Iosper, Sidecreer, IAPV) o manda judicial (por cuota alimentaria por ejemplo).
El mero ingreso de la iniciativa y su giro a las comisiones de Empleo, Previsión y Seguridad Social; y a la de Hacienda y Presupuesto despabiló a organizaciones sindicales, mutuales y bancos. El debate del texto supone volver a repasar un conjunto de legislaciones y resoluciones judiciales que se han enmarañado en el régimen que aplica el Estado provincial cuando liquida los sueldos. Hay además una resolución ministerial -la última versión de octubre de 2023- que dispone el “orden de prioridades” vigente para practicar descuentos en los haberes de activos y pasivos.
Proyecto
El proyecto de Lena, en su artículo 1º, dispone la “protección” del recibo de sueldo “de toda deducción que no provenga de un organismo judicial y/o provincial” quedando prohibido todo otro descuento.
Se deja afuera, de ese modo, en el artículo 2º a “bancos, financieras, mutuales, cooperativas, tarjetas, comercios y cualquier otra entidad autorizada a otorgar créditos, que pretendan hacer operativo directa o indirectamente su recupero” a través de un código de deducción de dinero de los agentes activos y pasivos.
Lena advierte, en los fundamentos, que el mecanismo se ha usado tradicionalmente en la provincia “en beneficio de algunas personas jurídicas que mantienen una relación directa o indirecta con el Estado Provincial”. Cuestionó que de tal modo “el Estado Provincial se involucra en actos jurídicos de terceros y actúa como organismo de retención, favoreciendo a una sola de las partes a la cual le garantiza el recupero de lo prestado”.
Para la diputada “es innegable que esta facilidad de préstamo virtual, rápida y sin garantías se ha transformado en un abuso de derecho, debido al alto pago de los intereses y los costos financieros aplicados a estos préstamos, siendo el Estado Provincial cómplice de estas prácticas desleales”.
Añade que este abuso se da en un contexto de “innegable deterioro de los haberes de los empleados activos o pasivos de la provincia” por lo que instó a sus pares a “proteger a nuestros habitantes de prácticas abusivas desleales, con la anuencia de la Administración Pública que facilita los códigos de descuento”. Instó además a jerarquizar “la libertad mercantil” entre las partes “para que pacten y/o realicen todo acto financiero que consideren viable, pero sin intervenir en dichos actos jurídicos, favoreciendo a la parte más fuerte”.
Acompañan con su firma el proyecto los diputados Jorge Maier, Rubén Rastelli, Mauro Godein, Marcelo Lopez, Susana Perez, Carolina Streitenberger, Lenico Aranda, Maria Elena Romero y Noelia Taborda.
A sola firma
Desde las organizaciones gremiales se pone el acento en la situación de los trabajadores y el alto nivel de endeudamiento. “Un 20% de los trabajadores tiene compromisos importantes, sobre todo con respecto a los bancos”, contó la secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez. A la vez, hizo notar que crece el número de trabajadores asociados a mutuales que prestan dinero y recurren a los códigos de descuento.
El alcance del problema es bien distinto si se comparan mutuales y bancos. La Federación Entrerriana de Entidades Mutuales (Fedem) –que concentra a todas las instituciones del tipo autorizadas a tener códigos de descuento, a excepción de Muper (del personal policial que se integra a Red Mutual)– tiene alrededor de 1400 afiliados, lo que constituye un 1% de la planta de trabajadores del Estado.
El gran caudal de dinero prestado a los trabajadores y jubilados lo aporta el Nuevo Bersa, agente financiero de la provincia que tiene un mensaje publicitario directo para sus potenciales clientes, a través de la pantalla ineludible en los cajeros automáticos y en el uso del homebanking. Además, tiene prioridad respecto de las mutuales, en el orden en que se aplican los códigos de descuento sobre los haberes.
Hay otro asunto a analizar. Domínguez pone el ojo, especialmente, en un fenómeno que es el de “los sindicatos truchos”. Son “seudogremios que tienen siempre una financiera detrás”, dijo y explicó que se trata de instituciones que, lejos de representar a los trabajadores, se limitan a actuar como financiera: “Te afilian para prestarte plata. Y te van cobrando con la cuota de afiliación con lo cual te tienen de rehén como afiliado”, dijo la dirigente que advirtió que el fenómeno se profundiza: “La gente necesita plata y esos sindicatos truchos crecen”, dijo.
Un gremio pequeño del sector estatal, Sedapper, por caso, ofrece ayuda social “acorde a la cuota sindical que consiste en un porcentaje del 1,5%”. Así se explica en la pagina web que hace saber al afiliado que “dicha cuota se fraccionará a los efectos del reintegro de los beneficios sociales que se otorgan”. Se contempla, en el trámite de la ayuda social, la entrega de la ficha de afiliación para completar el trámite, suponiendo que en buena medida el público podrá ser un afiliado nuevo.
La clave aquí es que el descuento de la cuota sindical (al que recurre el sindicato) tiene prioridad para aplicarse en el recibo de haberes, con respecto al que les corresponde a las mutuales y los bancos.
“Hemos pedido una audiencia con la diputada Lena. Necesitamos que se hagan algunas aclaraciones porque hay cuestiones importantes de los fundamentos que no están contenidos en el articulado”, dijo Domínguez que instó a poder diferenciar “las entidades que dan préstamos usurarios, que se aprovechan de la situación del trabajador para sacarle varias veces el monto que prestan” de “la posibilidad que estamos gestionando los gremios para, por ejemplo, ofrecer servicios de salud como estamos haciendo desde UPCN”.
Con relación a la cuota sindical que los trabajadores pagan a UPCN, o ATE, Agmer, AMET, remarcó que la legislación nacional garantiza el código, en la Ley 23.551 (artículo 38) que dispone que el Estado se ocupa de hacer la retención. “De todos modos, debiera explicitarse claramente en este proyecto de ley de Lena si se pretende avanzar con este debate”, sugirió.
“Es un tema polémico el que estamos tratando con este proyecto. Deberíamos sentarnos, con los legisladores, analizarlo, ponernos de acuerdo sin apuros”, añadió Domínguez.
Tajadas, en orden
La resolución 272/23, del Ministerio de Economía, actualizó el orden en que se aplican los códigos de descuento, norma que surge luego de una sentencia judicial que hizo lugar a un planteo de Fedem que estaba excluida del sistema.
Se trata de un orden para la aplicación de los descuentos sobre un salario empobrecido. No siempre alcanza para todo y es por eso que se fijan las prioridades.
Los códigos “Tipo 1” y “Tipo 2” son los que, expresamente, pone a salvo el proyecto de Lena: Jubilación, obra social, seguro de vida, impuestos, en el Tipo 1; manda judicial o acuerdo extrajudicial por embargos o cuota alimentaria, en el Tipo 2.
Los códigos “Tipo 3” que siguen en el orden de aplicación es el de las cuotas de afiliación a gremios y entidades profesionales.
Los códigos “Tipo 4” también son contemplados por el proyecto en debate, parcialmente. Es el caso de los descuentos del Instituto del Seguro, el IAPV y la Tarjeta Sidecreer. Aquí también entra el Nuevo Bersa como agente financiero, cuya actuación con código de descuento está contemplada en el convenio que une a la empresa con el Estado provincial.
Los códigos “Tipo 5” son los que expresamente elimina el proyecto de Lena. Son los que corresponden a mutuales como Muper y las integradas en Fedem. Aquí se contempla que el salario no es barril sin fondo: “Si dos o mas titulares de códigos de descuento solicitan la detracción de montos que exceden el disponible del agente, ingresarán en proporción a los valores del monto” reclamado. A la vez, se fija un límite: “El monto disponible, susceptible de recibir descuentos de este tipo de códigos (5), no podrá superar el 80% del líquido remanente, una vez deducidos los códigos del 1 al 5”.
Así las cosas, y en el actual contexto de crisis, se replica la advertencia: “Hay trabajadores que cobran monedas”. El debate ha vuelto a plantearse en la Legislatura entrerriana. (PáginaPolítica)