Diputados tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo
El 13 de junio el Congreso Nacional debatirá por primera vez en su historia una iniciativa que reconoce la libertad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo.
En el marco de las últimas audiencias informativas organizadas por el Plenario de Comisiones sobre los proyectos que proponen despenalizar y legalizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la Campaña Nacional ratificó esta tarde que en dos semanas la iniciativa será debatida en la Cámara baja. “Estamos con muchas posibilidades de lograr la media sanción del Proyecto», destacó emocionada Mónica Macha del Frente Para la Victoria, una de las primeras legisladoras en firmar e incentivar el proyecto.
«La mayoría de diputados y diputadas están convencidos de que lo mejor es la legalidad», ratificó luego la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda, una de las precursoras de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Donda reclamó que la “democracia reconozca el derecho a la salud pública” y reafirmó que la lucha es “por la vida y la libertad de las mujeres”. “Lo primero que queríamos decir es que hace breves minutos las cuatro firmantes del proyecto nos juntamos con Emilio Monzó y reafirmamos que tenemos el compromiso de que el 13 de junio vamos a tratar la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. ¡Será un día histórico!”, celebró la diputada, quien subrayó que entre quienes apoyan la iniciativa “hay representantes de todo el arco político democrático”.
La diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, a su turno, recordó que la Campaña sólo propone “conquistar derechos, no menoscabarlos. «No vamos contra los derechos de nadie, vamos a favor de la conquista de derechos de las más jóvenes y las más vulnerables», puntualizó la diputada, quien calificó como una “victoria de las mujeres la marcha atrás del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, que suscribió el protocolo de aborto establecido por la Corte Suprema luego de que se denunciara el decreto provincial que obligaba a parir a una niña de 10 años que había sido abusada por su padrastro.
Si se aprobara el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), cualquier persona con capacidad gestante tendrá derecho a abortar en un hospital público o una clínica privada –con los gastos cubiertos por las obras sociales y las prepagas– dentro de las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ninguna explicación –como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, entre ellos España– y más allá de ese plazo en casos de violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, o si existieran malformaciones fetales graves.