Los paritarios del Ejecutivo presentaron una propuesta de recomposición salarial anual del 15 por ciento a los sindicatos que representan a los trabajadores públicos entrerrianos. La oferta fue rechazada de plano por los gremios, que la consideraron insuficiente.
La primera reunión en el marco de las convenciones colectivas de trabajo de este año fue un fracaso, ya que el Gobierno de Gustavo Bordet oficializó que pretende recomponer el 15 por ciento el salario de los empleados públicos en tres tramos: cinco por ciento a pagar en marzo; cinco en julio y una cuota final de 5 por ciento en octubre. A los números comunicados se sumó que la gestión provincial no cumplió acabadamente con el acuerdo paritario del 2017 y emitió una resolución que ataca el corazón de la libertad sindical, reglamentando las asambleas.
“La paritaria comenzó con muchas dificultades, no estamos conformes con la reunión de hoy”, afirmó a esta Agencia la secretaria Gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), Carina Domínguez, quien enumeró: “Se planteó el rechazo absoluto desde las entidades sindicales al Decreto 97/18 del Ejecutivo respecto a las asambleas y se informó que no se firmará la paritaria si no se está dispuesto a discutir este punto; también, se reclamó que se traten y cumplan los temas pendientes de la paritaria anterior, básicamente hablamos de las recategorizaciones; y se rechazó la propuesta salarial, que no sólo no se avanzó sino que es inferior a la que se realizó otros sectores”.
“Acá hay dos aspectos centrales: no sólo el porcentaje a la pauta salarial, sino que también que se incorpore una cláusula –gatillo- que permita plantear que si los salarios son inferiores a la inflación se pueda actualizar en base a esa variable, que no ue plasmada en la propuesta del Gobierno y que realmente preocupa en un país que no se sabe cuánto aumentarán las cosas, que suben diariamente, donde nos preguntamos quién puede creer que habrá una inflación del 15 por ciento en este año”, dijo la gremialista.
En ese marco, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, recordó que desde el sindicato se había manifestado en la esfera pública que “se esperaba una pauta salarial de un 23 por ciento, para no seguir perdiendo poder adquisitivo y un mínimo garantizado de 17.000 pesos, porque lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec)”.
El conflicto está latente, ya que a los números del Ejecutivo “se suma la actitud del Gobierno que busca cercenar la libertad gremial atacando las asambleas, porque el Decreto 97/18 coarta, definitivamente, la libertad de los trabajadores de realizar asambleas en organismos públicos”
Además, Muntes subrayó que “hay muchos temas pendientes, como el pase a planta permanente, que viene en carretilla y queremos ver los listados para no llevarnos ninguna sorpresa, no queremos que haya trampa en los nombramientos”.
“Esperamos que en la próxima audiencia los paritarios del gobierno traigan una propuesta superadora y que no sean los números dado vuelta para que se pueda debatir con los trabajadores, ya que ATE tiene mandato para rechazar la oferta del 15 por ciento”, remarcó Muntes, quien acentuó que Bordet “sabía que se iba a rechazar el 15 por ciento en tres cuotas”.
Actuar de buena fé
El escenario es complejo, ya que no se termina de comprender la estrategia de Bordet, quien a días de abrir paritarias y en el marco de los paros docentes emitió una polémica medida inconstitucional que intenta cercenar el debate en asambleas y la movilización popular.
En ese marco, Muntes opinó que una lectura posible del Decreto de Bordet se sitúa en el tratamiento de la modificación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y que Economía intenta cerrar paritarias a la baja.
Ante la compleja trama, Domínguez marcó que en toda instancia de negociación colectiva hay condiciones para la negociación, por lo que si se ingresa con un Decreto que busca limitar la actividad sindical y reglamentar una Ley nacional que garantiza la libertad sindical, “difícilmente se podrá tener una paritaria que se desarrolle normalmente”.
“Pedimos que el Gobierno respete el ámbito paritario, porque es el marco en el que los trabajadores del Estado definimos pautas salariales y condiciones laborales y por ello solicitamos que se respeten los puntos claves de naturaleza política porque sino no se cumple el principio de buena fe”.