En consonancia con el ajuste de gastos previsto en el Presupuesto 2018, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos anunció un recorte de 48 millones de pesos anuales y la modificación del convenio colectivo de trabajo del sector, que afectará la producción de contenidos. Dos años después de su asunción, con el argumento de la herencia recibida, Hernán Lombardi justificó la medida en la necesidad de convertir al antiguo Canal 7 «en una alternativa válida para una enorme cantidad de telespectadores, en particular jóvenes y sectores menos favorecidos».
Tras el desguace de Paka Paka, Encuentro y DeporTV, el Gobierno nacional anunció, a través de un comunicado, la reforma del convenio colectivo de trabajo de los empleados de la Tv Pública, “completamente obsoleto frente a los cambios tecnológicos, lo que genera altísimos costos de producción”.
Según el funcionario, el nuevo directorio trabajará en forma ad honorem y se eliminará la planta de asesores, “logrando un ahorro anual de 48 millones de pesos”.
El anuncio de Lombardi se produjo pocas horas después de que los trabajadores de los medios públicos, incluidas Radio Nacional y la agencia oficial Télam, encuadrados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), se declararan en estado de asamblea y movilización permanente en reclamo de la reincorporación de los 14 trabajadores cesanteados en Radio Nacional, que se sumaron a los 180 despidos en los canales del Sistema Federal de Medios, que provocó la ocupación pacífica del CCK en la última semana de diciembre.
El texto completo, titulado «Hacia una Televisión Pública Argentina sustentable, moderna y transparente», dice así:
El Sistema Federal de Medios tiene entre sus objetivos lograr una Televisión Pública Argentina de calidad, con contenidos públicos democráticos, adecuada a los cambios tecnológicos y sociales.
La TPA tiene que adaptarse al nuevo consumo de medios para convertirse en una alternativa válida para una enorme cantidad de telespectadores, en particular jóvenes y sectores menos favorecidos.
Estos cambios deben producirse cumpliendo con el presupuesto asignado por el parlamento argentino para 2018, sin perder de vista que el canal se sostiene con recursos de todos.
En este marco, se tomó la decisión de designar ad honorem al directorio y eliminar su planta de asesores, logrando un ahorro anual de 48 millones de pesos.
Asimismo, propusimos la modificación del convenio colectivo de trabajo, firmado hace 45 años y completamente obsoleto frente a los cambios tecnológicos, lo que genera altísimos costos de producción.
Actualmente existen en el canal situaciones de privilegio con sueldo bruto promedio superior a los 85.000 pesos, ausentismo del 30% y jornada laboral reducida. La planta en la TPA se incrementó un 70% entre el 2002 y el 2015.
Una TPA moderna, participativa, transparente y sustentable es la tarea que asumimos, eliminando abusos y privilegios en honor al esfuerzo que hoy realiza el conjunto de la sociedad.(pagina12)