Antiabortistas buscan seguir interfiriendo en la salud pública desde la Legislatura provincial
Los grupos que instan a que el Estado entrerriano viole el artículo 86 del Código Penal vuelven a insistir, ahora, a través de un proyecto de comunicación del senador radical Rogelio Schild (Cambiemos – Diamante). El texto presentado, pide al Ejecutivo provincial que suspenda las resoluciones del ministerio de Salud que establecen la adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), elaborado en 2015 por la cartera sanitaria nacional.
La legislación argentina penaliza el aborto con excepciones establecidas en el artículo 86 del Código Penal de la Nación, desde hace 96 años. Se trata de los casos de riesgo para la vida o la salud de la madre, violación o discapacidad mental de la mujer embarazada. Sin embargo, casi un siglo después, el acceso de las mujeres a los permisos para abortar concedidos por el Código, se encuentra seriamente restringido.
“La ausencia de políticas públicas para facilitar el goce de las permisiones, los debates jurídicos irresueltos sobre su alcance, los trámites excesivos en los centros sanitarios y la intervención injustificada del sistema de justicia, son sólo algunos de los obstáculos que deben enfrentar las mujeres al requerir un aborto permitido por la ley”, advierten Paola Bergallo y Agustina Ramón Michel en su artículo “El aborto no punible en el derecho argentino”, publicado en despenalización.org.ar.
Por eso, la resolución 3161/17 de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, de adhesión al protocolo de ILE, significó un paso fue un paso importante para comenzar a subsanar la falta de garantías concretas del cumplimiento de lo que establece la legislación vigente, buscando poner fin a lo que durante todos estos años no ha sido más que letra muerta.
Como cabía de esperarse, la decisión de Velázquez generó la reacción de grupos integristas católicos y organizaciones denominadas “pro vida” que iniciaron una campaña para exigir la derogación de la resolución, desconociendo lo que dicta el derecho penal argentino y pretendiendo que el Estado desobedezca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación que no hace otra cosa que exhortar al cumplimiento del Código Penal.
Tres diputados de Cambiemos (María Viola, Joaquín La Madrid y Martín Anguiano) y uno del Frente Para la Victoria (Gustavo Guzmán) se pusieron a la cabeza de la campaña de los grupos antiaborto, llevándole el reclamo al gobernador, Gustavo Bordet, lo que generó el rechazo de numerosas entidades de la sociedad civil, autoridades de universidades, referentes sociales y dirigentes políticos, que manifestaron su apoyo a la medida dispuesta por la cartera sanitaria.
Argentina, en la cima de una triste estadística
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en base a un estudio realizado por la Cepal, cada año entre 370.000 y 522.000 mujeres interrumpen de forma clandestina un embarazo en nuestro país. Un informe del Centro Atenea plantea además que, en simultáneo con estos importantes números de abortos clandestinos –principal causa de mortalidad materna en Argentina- existen “3,9 muertes de mujeres/madres por cada 10.000 nacimientos”.
Se estima que a nivel global, el 11 por ciento de las muertes maternas es por aborto mientras que en América Latina el número asciende a 13 por ciento. En Argentina, el porcentaje se encuentra por encima de la media de los países vecinos con el 20. En cambio, Uruguay desde que se sancionó la ley que legaliza la acción de abortar se logró reducir la cifra a cero por ciento.
En agosto pasado, las mujeres chilenas reconquistaron, después de tres décadas, el derecho a la interrupción de sus embarazos en caso de que su vida esté en peligro, inviabilidad fetal y violación. En un histórico fallo que fue seguido y esperado tanto por las autoridades y como por la ciudadanía, el Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos de la oposición de derecha que pretendían paralizar uno de los proyectos de mayor simbolismo del segundo Gobierno de Michelle Bachelet. (aim)